El rechazo al proyecto gubernamental de exigir la Clave Única para entrar a las redes sociales se justifica por el peligro de un control estatal excesivo sobre las opiniones de las personas. Detrás de esta medida, que en la superficie busca frenar la adicción de los menores, se esconden intenciones de vigilar los perfiles digitales y neutralizar espacios de debate democrático, lo que terminará desmotivando a los usuarios comunes y alejándolos de internet.
Por el contrario, existe un total respaldo a los copamientos policiales y controles de identidad matutinos, una fiscalización que la ciudadanía apoya masivamente para recuperar el orden y la tranquilidad en las calles. Esta intervención preventiva responde a una urgencia real frente a la delincuencia y las incivilidades, marcando una distancia total con los abusos del pasado, ya que hoy en día el que nada hace, nada teme.
En estos meses de junio y julio de 2026, la televisión y las pantallas de los celulares se dividen entre los partidos del Mundial de fútbol y las noticias de la agenda pública, mientras la mayoría de los chilenos intenta capear el frío y la rutina de la pega. Para quienes viven en los barrios y comunas periféricas de las grandes capitales regionales del centro-sur del país, el ritual al bajarse de la micro es casi siempre el mismo, pues la gente solo quiere conectar el teléfono para mirar videos o imágenes que permitan desconectarse un rato de la jornada laboral. Nadie quiere llegar a la casa a enredarse con discusiones políticas complejas que requieran un título de abogado para entenderse, pero las últimas medidas del gobierno obligan a mirar con atención lo que pasa, porque tocan directamente la libertad dentro del hogar y la seguridad en las calles de una forma muy distinta.
Por un lado, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, propuso controlar el acceso de los menores de edad a las redes sociales exigiendo que todos los ciudadanos ingresen su Clave Única para poder filtrar la edad de los usuarios. Es un hecho real que los niños y adolescentes pasan demasiadas horas al día pegados a las pantallas, lo que provoca que se distraigan en la sala de clases y se expongan a un montón de contenido basura que abunda en internet. Las plataformas digitales son excelentes herramientas, pero el uso actual es bastante cuestionable, como pasa en X, la aplicación que antes se llamaba Twitter, donde la gente cae en fanatismos políticos y nadie aporta datos útiles, como recomendar un buen antivirus para proteger los dispositivos de hackeos. Esa misma desconexión y soberbia fue la que sepultó a la izquierda en el primer plebiscito de salida en 2022, cuando sus comandos prefirieron hablar con un lenguaje académico en vez de explicar el borrador con peras y manzanas a un electorado con voto obligatorio que no fue a la universidad a estudiar leyes, un error que la derecha aprovechó muy bien usando la estética simple de TikTok para convencer a la masa.
Frente a esta idea de la ministra Wulf, la postura es de un evidente desacuerdo por las dudas que genera el proyecto. Aunque en la superficie se busque frenar la adicción juvenil, existen letras chicas muy profundas que justifican este rechazo. La primera sospecha es el peligro de un control estatal excesivo que afecte la libertad de expresión, donde el gobierno de turno podría perfilar a los usuarios bajo la lógica de un Gran Hermano. La ciudadanía apoya que se persiga a los vándalos que queman micros porque esos actos sinsentido no ayudan a los más vulnerables, pero es peligroso que un ciudadano común, cansado del hostigamiento callejero o de los robos, use sus redes para desahogarse con sus ciberseguidores y termine marcado en una lista del gobierno por criticar la gestión actual. Algunos intentan bajarle el perfil a esto diciendo que el retail ya nos pide el RUT para acumular puntos en el supermercado, pero la diferencia es gigante, porque las empresas no guardan tu contraseña secreta, no te piden permiso para navegar ni te vigilan el perfil digital. Este temor a las listas negras ya se comenta en el mundo del trabajo, donde se rumorea que algunos encargados de Recursos Humanos revisan los perfiles de los postulantes para dejarlos fuera si opinan distinto, una práctica que frena la economía y contradice los discursos de libertad económica de los republicanos.
La otra letra chica detrás de esta fiscalización digital es que la obligación de usar la Clave Única va a terminar desmotivando a los usuarios, provocando que abandonen paulatinamente las redes sociales. Esto calza con una estrategia de la derecha que busca neutralizar los espacios democráticos de internet sin necesidad de usar la fuerza. El ambiente virtual en X cambió radicalmente entre los años de la pandemia, cuando la izquierda manejaba la influencia digital y la gente aprovechaba el encierro para socializar, conversar o tener pololeos virtuales por mensajes privados, y el periodo posterior al triunfo presidencial de Kast en 2025. Hoy, el auge de la ultraderecha llenó las plataformas de discursos duros que simpatizan con Pinochet y exigen proscribir al Partido Comunista acusándolo de la delincuencia actual. La trampa de sacar a un partido del camino es que abre el paso para aplicar medidas contrarias a los sindicatos y quitarle derechos a los trabajadores, de la misma forma en que atacan a la ONU para condicionar los Derechos Humanos. Además, las cuentas de izquierda tampoco ayudan a la convivencia, ya que se volvieron monotemáticas, defienden ciegamente la gestión de Boric y atacan con mala vibra, provocando que muchos usuarios activos prefieran retirarse de las redes para evitar el estrés de los ciberataques mientras el Congreso vota leyes importantes.
Al perder estos espacios digitales, se debilita un proceso de democratización que comenzó con el Facebook de 2008, una plataforma que alguna vez sirvió para mostrarle al poder central y a los medios tradicionales el verdadero sentir de la calle y las realidades de comunas periféricas como Penco o Tomé, que antes eran ignorados por los eventos veraniegos como el Crush Music. Aunque en la última década los canales de televisión convirtieron sus páginas de Facebook en un patio de berrinches donde dejan que el ciudadano pelee y se desahogue para luego ignorarlo en la práctica, ese buzón de sugerencias virtual sirvió para instalar temas en la pauta pública. Las estrategias de rating de los noticiarios muchas veces tomaron esos debates, como las dificultades de las personas con Asperger para entablar relaciones de pololeo, y los transformaron en reportajes sensacionalistas que, al menos, visibilizaron realidades ocultas.
Ya saliéndonos del computador o del teléfono móvil nos vamos directamente a la calle, donde antes de que empiece el invierno de este año 2026 los noticieros y matinales de televisión están mostrando una iniciativa completamente distinta con la que sí existe un total acuerdo. Se trata de los copamientos masivos y preventivos liderados por el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que consisten en desplegar a Carabineros y autoridades municipales para saturar zonas estratégicas como estaciones de Metro, paraderos y centros urbanos. Su objetivo es reducir el comercio ambulante ilegal, realizar controles de identidad y disminuir los delitos para reforzar la seguridad de los pasajeros. Este es un ejemplo tangible de cómo se cumple lo que se estaba prediciendo en los años anteriores al periodo presidencial de José Antonio Kast, donde se advertía que la población, ante la desesperación por recuperar el orden público, aceptaría hipotecar parte de sus derechos o libertades individuales.
En cada madrugada de los días laborales, la policía se ubica en los accesos y escaleras del Metro para pedir la cédula de identidad al azar a quienes transitan hacia sus trabajos. Después de que el carabinero revisa el carnet y confirma que no hay nada judicial pendiente, el ciudadano se retira tranquilo para seguir su camino. Cuando los periodistas de televisión abordan en terreno a estas personas para preguntarles sobre la medida, la respuesta es unánime y todos dicen estar de acuerdo con la fiscalización, sin que se registren reclamos en los despachos en vivo. Esto abre una pregunta clave para quienes tienen menos de cincuenta años y no vivieron los primeros tiempos del régimen militar de Pinochet, sobre si esta fue la misma actitud del chileno común y no politizado cuando los militares asumieron el poder por la fuerza tras el golpe del 11 de septiembre de 1973. La realidad actual demuestra que la gente de la clase media emergente y de los sectores bajos está totalmente dispuesta a mostrar su carnet en la calle porque, antes del gobierno de Kast, las estaciones mostraban un nivel de delincuencia e incivilidades intolerables dentro de los andenes.
Para cerrar este panorama, el miércoles 17 de junio de 2026 se viralizó en X un video grabado en Valparaíso, donde se ve a Carabineros realizando un control de identidad a varios estudiantes en plena vía pública, muy cerca de un campus universitario. Quien subió el registro comparte ideas de izquierda y comentó con alarma que ya estamos viviendo en una dictadura, condenando lo que considera un hostigamiento policial hacia los jóvenes. Sin embargo, la gran mayoría de la gente en las redes no castigó el actuar de los uniformados, sino que lo apoyó argumentando que esos muchachos perfectamente podían estar haciendo cualquier cosa en la plaza en vez de estudiar o preparar un trabajo para la universidad. Es cierto que en la calle uno es libre de caminar, pero la realidad es que muchos jóvenes aprovechan esos espacios para tomar alcohol, consumir drogas o, en el peor de los escenarios, organizarse con overoles blancos para terminar quemando una micro en la esquina, recordando que beber en la vía pública es una falta legal que faculta a la policía a actuar. Además, los medios de prensa hacen una buena labor al informar sobre estos copamientos y controles de identidad amparados por la ley, ya que estas notas periodísticas sirven para que el ciudadano se prepare mentalmente apenas sale de su casa para ir a trabajar. A diferencia de lo que ocurría en los tiempos de la dictadura, hoy un carabinero solo te va a pedir el carnet y, si no tienes deudas pendientes con la justicia, te vas a poder ir caminando tranquilo, cumpliendo el viejo dicho de que el que nada hace, nada teme. En pleno 2026 la policía no te va a violar tus derechos humanos, no te van a mandar detenido a un campo de concentración en la Isla Dawson ni te van a amarrar las manos a rieles de tren para hacerte desaparecer en el mar como ocurrió en el régimen militar de Pinochet, marcando una diferencia gigante que cualquier ciudadano de a pie puede entender perfectamente.
