La noción de "delincuente" en el Chile de 2026 no es una definición jurídica unívoca, sino un prisma distorsionado por la biografía, la ideología y el miedo de quien lo observa.
¿¡ Qué anday haciendo a esta hora !?
Mejor anda a tu casa a ver tele
(y déjanos en paz)
Lo que para un habitante de una zona periférica es el "soldado" del narco que custodia la esquina, para un empresario del sector oriente es una turba de manifestantes interrumpiendo el flujo comercial, y para un joven idealista es el magnate que colude precios desde una oficina climatizada.
Esta fragmentación de la percepción es la que ha pavimentado el camino hacia una polarización extrema, donde la seguridad dejó de ser un derecho civil para convertirse en la mercancía electoral más valiosa, culminando en el triunfo presidencial de José Antonio Kast en 2025 bajo la promesa de un orden absoluto.
Como lo hemos mencionado reiteradas veces, la inseguridad es el núcleo del malestar nacional, con una percepción de temor que rozó niveles históricos del 90.6% según la Enusc, transformando la vida cotidiana en una estrategia de supervivencia. Ante este escenario, la demanda por medidas drásticas como el toque de queda en la Región Metropolitana ya no proviene solo de la derecha más dura, sino que ha permeado a figuras transversales que ven en el control militar de la noche el último dique de contención.
Sin embargo, surge aquí la duda razonable sobre si estas soluciones son el antídoto real o simplemente una puesta en escena que busca gestionar el miedo en lugar de combatir el delito. Bajo la lógica de Noam Chomsky sobre la manipulación mediática, se podría argumentar que la creación o amplificación de problemas precede a la imposición de soluciones que restringen libertades fundamentales. Para ciertos sectores, la exhibición constante de titulares sangrientos no es solo información, sino una herramienta para justificar la militarización de los barrios y el despliegue de las Fuerzas Armadas. Este enfoque sugiere que el pánico social es el lubricante necesario para que la ciudadanía acepte, sin mayor resistencia, la pérdida de su autonomía nocturna a cambio de una sensación de paz que muchas veces resulta efímera.
El riesgo de aplicar un toque de queda localizado es el denominado "Efecto Dominó", donde la presión policial en la capital simplemente desplaza el foco delictual hacia las regiones, transformando zonas antes tranquilas en nuevos campos de batalla. Ya hemos visto cómo bandas organizadas de Santiago trasladan sus operaciones a zonas rurales, como ocurrió en el secuestro de O'Higgins, demostrando que el crimen organizado posee una movilidad geográfica superior a la capacidad de respuesta estatal. Si el control nocturno en Santiago se percibe como un éxito mediático, la presión para extender el Estado de Excepción a todo el país será irresistible, alterando definitivamente el mapa de libertades en Chile.
Esta dinámica se enmarca en la lógica de "Costo-ganancia", donde el electorado parece haber aceptado que para recuperar la vereda debe entregar parte de su privacidad y sus derechos sociales. El modelo que representan figuras como Kast, Milei o Bukele se percibe hoy como la "nueva revolución" para quienes están agotados de un idealismo que no detuvo las balas ni los portonazos. Es el sacrificio del bienestar social en el altar del orden público, una transacción desesperada de una clase media y sectores populares que sienten que el Estado los ha dejado a merced de la ley de la selva.
Al desglosar qué entendemos por "delincuente", es imposible no remontarse a la carga simbólica del "flaite", esa figura que hace dos décadas fue blanco de la polémica campaña radial “Pitéate un flaite”. En 2005, el rechazo se centraba en la estética y la prepotencia de la marginalidad, pero hoy ese arquetipo ha evolucionado hacia un sujeto con un poder adquisitivo impensable, gracias a la infiltración del narcotráfico. La ironía histórica nos muestra que Carolina Tohá, quien denunció aquella campaña en su momento, terminó viendo naufragar sus propias aspiraciones presidenciales debido a la imposibilidad de contener la violencia que ese mismo sector representa en la actualidad.
El delincuente común, aquel que comete robos, violaciones y asesinatos, es el rostro más visible y temido por el ciudadano de a pie porque su violencia es directa, física y despojada de cualquier sofisticación. A diferencia del crimen organizado, estos delitos suelen brotar de un desequilibrio social y personal profundo, afectando principalmente a las familias más vulnerables que no cuentan con blindajes ni guardias privados. Es en este estrato donde el cansancio se transforma en rabia, y donde el discurso de "mano dura" encuentra su base más sólida, cansada de ver cómo la delincuencia se convierte en un estorbo para la dignidad mínima.
Sin embargo, el narcotráfico y el lavado de dinero representan una amenaza de una letalidad muy superior, actuando como un cáncer que corroe las instituciones desde adentro a través de la protección de ciertos políticos locales. El caso de Krishna Aguilera en San Bernardo es un recordatorio macabro de cómo estas bandas imponen el terror para silenciar a comunidades enteras, creando micro-estados donde la ley vigente es la del narco. En estos barrios, la no denuncia no es cobardía, sino una estrategia de supervivencia frente a mafias que manejan información, recursos y armas con total impunidad. Existen tres razones fundamentales para este silencio: el miedo a la muerte, la lealtad forzada por favores económicos y la complicidad de los clientes del vicio que ven en la banda a su proveedor habitual. Cuando un capo financia el tratamiento médico de un vecino o organiza fiestas en la población, está comprando una inmunidad social que el Estado, con sus trámites y demoras, no alcanza a cubrir. Esta dependencia crea un lazo perverso donde la figura del delincuente se difumina con la del "benefactor", complicando aún más la labor de una policía que a menudo es percibida como ineficiente o ausente.
Por otro lado, la mirada se vuelve crítica cuando apuntamos a los robos de "cuello y corbata", cometidos por empresarios y magnates que utilizan sus influencias para saquear el bolsillo ciudadano de forma legal o semilegal. Aquí es donde la izquierda pone su foco, definiendo al delincuente no como el que usa capucha, sino como el que usa corbata y firma decretos de colusión o evasión fiscal. El personaje ficticio de Luis Emilio Walker en la televisión actual ("El jardín de Olivia") encarna perfectamente este arquetipo del "arquitecto de la impunidad" que, con su holding y sus contactos en la justicia, se siente por sobre cualquier sanción moral o penal. Este tipo de delincuencia es, para muchos, la madre de todas las injusticias, pues mientras el ladrón de celulares es perseguido con todo el peso de la ley, el abusador sistemático del sistema financiero suele pagar sus culpas con clases de ética o multas irrisorias.
Esta asimetría en la justicia es la que alimenta el resentimiento social y permite que ciertos sectores políticos justifiquen incluso la violencia callejera como una respuesta necesaria a un sistema podrido. Para este punto de vista, el verdadero criminal es aquel que destruye la fe pública y el mercado desde la comodidad de un piso 20 en el sector oriente de Santiago.
En el otro extremo del espectro, el pinochetismo y la ultraderecha han estirado el concepto de delincuencia para incluir las manifestaciones sociales y el pensamiento de izquierda, criminalizando la disidencia política bajo el manto de la seguridad. Al etiquetar como "delincuente" a todo aquel que sale a protestar, se busca no solo restaurar el orden, sino proscribir ideologías y perseguir ciudadanos por su forma de ver el mundo. Esta es la "letra chica" del discurso de Kast que preocupa a los organismos de derechos humanos: la posibilidad de usar el aparato estatal para silenciar a la oposición política bajo la excusa de combatir el crimen.
La sospecha de que existe una agenda oculta de control social se refuerza cuando recordamos que durante la pandemia (Por Coronavirus COVID-19 entre los años 2020 - 2021), el toque de queda no detuvo los delitos, pero sí facilitó el control de la población civil. La eficacia de estas medidas es cuestionable desde el punto de vista policial, pero altamente efectiva desde el punto de vista disciplinario, lo que sugiere que el objetivo final podría no ser la seguridad, sino la obediencia.
Aun así, la desesperación ciudadana es tal que muchos están dispuestos a correr el riesgo de una deriva autoritaria con tal de no sentir el frío de un arma en la sien cada mañana. A medida que avanzamos en este segundo semestre de 2025, el ambiente político está saturado de promesas de "mano dura" que resuenan como música para los oídos de una población angustiada.
Pero la historia nos advierte que las promesas vacías, como el "se les acabó la fiesta" de Piñera en 2009, suelen terminar en un aumento de la criminalidad y una mayor frustración social.
La pregunta es si Kast será capaz de ofrecer algo más que un eslogan potente o si simplemente estamos ante una nueva forma de populismo que utiliza el miedo para concentrar el poder sin resolver las causas de fondo.
La cultura "flaite", por su parte, ha logrado una infiltración económica y cultural que desafía la lógica de clases tradicional en Chile, validando el éxito rápido por sobre la formación y la ética de trabajo. Hoy vemos a jóvenes que, sin haber terminado la enseñanza media, manejan vehículos de alta gama y lucen marcas de lujo, superando con creces el poder adquisitivo de profesionales con años de estudio universitario. Esta realidad genera una fractura moral profunda: ¿qué mensaje le enviamos a la juventud cuando el camino del delito ofrece recompensas inmediatas y el de la educación solo deudas y precariedad? La reconversión de comunas como Penco, que pasaron de ser el "patio trasero" a puntos turísticos, demuestra que es posible combatir la decadencia con voluntad y esfuerzo colectivo. Sin embargo, este optimismo choca con la realidad de un vandalismo persistente que ve en los muros y espacios públicos solo un lienzo para marcar territorio y demostrar poder. La lucha por el espacio público no es solo una cuestión de pintura y limpieza, sino un combate cultural por definir quién es el dueño de la ciudad: el ciudadano honesto o el que impone su ley a través del rayado y la violencia.
El debate sobre la delincuencia en Chile ha dejado de ser una discusión técnica sobre criminología para convertirse en una guerra de percepciones donde cada bando elige a sus villanos preferidos.
Mientras unos exigen Toque de Queda y militares en la calle, otros denuncian la colusión empresarial y la persecución política, dejando al ciudadano común atrapado en medio de dos fuegos cruzados.
Esta falta de consenso sobre lo que constituye un delito y quién es el verdadero delincuente es lo que impide que el país avance hacia una solución integral y duradera que devuelva la paz a los barrios.
El triunfo de los Republicanos refleja una sociedad que ha decidido priorizar el orden sobre todas las cosas, incluso si eso implica un retroceso en derechos que tardaron décadas en conquistarse. Es un voto de castigo a una clase política tradicional que ha sido percibida como blanda, ineficaz o, en el peor de los casos, cómplice de la degradación social que vivimos. Si el nuevo gobierno no logra resultados tangibles en los primeros meses, el desencanto podría ser aún más violento, alimentando un ciclo de inestabilidad que solo beneficia a quienes viven del caos.
En definitiva, entender al "delincuente" hoy requiere mirar más allá del sujeto que aprieta el gatillo y observar las estructuras que permiten que el narco crezca, que el empresario abuse y que el político use el miedo para su propio beneficio.
La delincuencia es el síntoma de un cuerpo social enfermo, donde la confianza en las instituciones se ha evaporado y donde el "sálvese quien pueda" se ha convertido en la norma de conducta. Solo cuando logremos una justicia que no distinga entre cuellos, corbatas o capuchas, podremos empezar a hablar de una verdadera seguridad para todos los chilenos.
Cerramos esta reflexión con la incertidumbre de un país que busca desesperadamente un héroe, pero que corre el riesgo de encontrar solo un carcelero. El "Efecto Dominó" está en marcha, y sus fichas no solo son delincuentes desplazándose por el territorio, sino también libertades cayendo una tras otra ante el empuje del miedo.
El desafío de los próximos años será encontrar el equilibrio entre la firmeza necesaria para combatir el crimen y la inteligencia requerida para no destruir la democracia en el proceso, una tarea que, hasta hoy, parece estar lejos de nuestro alcance.
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