Deber
democrático y avance social
El
derecho a expresar nuestras ideas no es una dádiva, sino un pilar
fundamental de los derechos humanos. El Artículo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos lo garantiza,
estableciendo que: "Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no
ser molestado a causa de sus opiniones, (...)"
En
Chile, la Ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información
y Ejercicio del Periodismo, confirma esta base legal en su
Artículo 1, que establece: "La libertad de emitir opinión y
la de informar, sin censura previa, es un derecho fundamental de
todas las personas. (..)" Este respaldo legal
faculta a cualquier persona para opinar en plataformas digitales,
especialmente al notar carencias que las autoridades eluden asumir.
La
crítica es el aire de la democracia y un instrumento esencial para
el progreso y la evolución social. Cuestionar los vicios del sistema
promueve el avance para el beneficio de la mayoría. Callar, de
hecho, nos hace cómplices. La crítica visibiliza el malestar
persistente, actúa como presión y canaliza las demandas, forzando a
la autoridad a actuar y convirtiéndose en el origen de las
soluciones a largo plazo.
Un
claro ejemplo de cómo la presión obliga al poder ocurrió en agosto
de 2025: la agresión de barristas argentinos a hinchas chilenos y la
negligencia inicial de la PFA (Policía Federal Argentina).
Todo
cambió cuando el Ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde,
viajó a Buenos Aires. Su visita forzó una rueda de prensa con la
Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, bajo presión
diplomática, se vio obligada a emitir una declaración de Estado y
condenar los hechos. Este incidente demuestra cómo la crítica (o la
presión visible de un país vecino) obliga a reconocer y abordar
aquello que el poder intenta ocultar. La crítica cumple un rol
comparable.
Opinión
v/s. Información: La coacción ilegítima
Aun
en regímenes democráticos, la crítica no siempre se ejerce
libremente. El simple acto de emitir un juicio puede generar una
reacción hostil de alcaldes u organismos municipales en redes,
utilizando frases intimidantes como: "Al
hacer esa acusación presente las pruebas y envíelas a los
organismos correspondientes, de lo contrario está incurriendo en
actos de injurias y calumnias".
Esta respuesta puede interpretarse de dos formas: la autoridad teme
que se revele la verdad y busca defenderse, o simplemente se niega a
abrirse al debate y la duda. En un modelo democrático, la comunidad
tiene derecho a cuestionar las críticas, por lo que la autoridad
debería permitir la duda.
Esta
amenaza es improcedente porque confunde deliberadamente los
conceptos.
Una
opinión es un simple juicio de valor, emitido por alguien que acepta
la posibilidad de no tener la razón y se guía por suposiciones. El
opinante, en una plataforma social, tiene derecho a equivocarse.
La
información es un texto elaborado por un periodista en medios de
comunicación (fuera de ese rol, el profesional es un simple
opinante) y es donde sí se exige recopilar evidencia para su
validez.
El
delito de injurias y calumnias aplica a la información periodística.
Por lo tanto, es inapropiado que un organismo público pretenda
intimidar a la gente por emitir un juicio en redes sociales. Si la
autoridad actúa con transparencia y nada malo ha hecho, simplemente
debería "dejar que los perros ladren", ya que la
queja no la afectaría.
El
Rol del administrador y el Fin del peonaje
Es
fundamental distinguir el papel del vecino-habitante y el del
municipio. ¿Acaso la municipalidad es dueña de las personas?
¿Estamos en la Edad Media para que el alcalde siga viendo a la
comunidad como servidumbre de un latifundio? En la relación con los
ciudadanos (quienes no son empleados ni le deben favores al alcalde),
el municipio no es dueño de la vía pública. En el contexto de un
hogar, el propietario es libre de hacer y opinar lo que desee (la
casa es una "embajada de libertad").
El
alcalde no es tu jefe, tu padre, ni eres un allegado en su casa. Pero
es importante aclarar que el edil sí es el jefe directo del personal
municipal (sus trabajadores y empleados), con autoridad para
dirigirlos. Sin embargo, no es ni debe actuar como el jefe de la
comunidad.
Entonces,
¿por qué prohibir una crítica si se publica en el muro de la
municipalidad y no constituye un delito? Las voces críticas
provienen de la esfera pública (y privada de cada persona). El
acceso generalizado a internet desde 2001, y a las redes sociales
desde 2008 (con Facebook), ha generado una ciudadanía mucho más
informada que en décadas anteriores. Hoy existen más portales
digitales que medios oficiales en muchas comunas.
A
diferencia de los años 90, donde prevalecían los canales de
televisión (los "dueños de la verdad"), las
personas ahora conocen diversas perspectivas de un mismo hecho. El
alcalde no puede actuar como un autócrata. Cuando algunos municipios
intentaban ocultar datos (como los contagios de COVID-19 durante los
primeros meses del 2020), el cibernauta se informaba por medios
regionales o plataformas de otras comunas (el "Exilio
Informacional", comparable a sintonizar emisoras de onda
corta como Radio Moscú durante la dictadura). No tiene lógica que
un alcalde intente imponer una única verdad cuando la gente puede
informarse por medios de cualquier parte del mundo.
El
alcalde no debe ver al habitante como un peón, pues el acceso a la
red permite el surgimiento de medios independientes. Esta lógica
aplica incluso si existen pocos foros de discusión o encuestas de
evaluación comunal.
El
rol del administrador es gestionar los recursos públicos para el
desarrollo de la comuna, no prohibir opiniones que resulten
incómodas. Sin embargo, es vital diferenciar la crítica
constructiva que busca el bien común (como la seguridad o la salud)
de aquellas expresiones que la Ley no ampara. Por ejemplo, la
crítica no debe ser confundida con el vandalismo ni con ataques
basados en la envidia o la calumnia maliciosa. El reclamo es
legítimo cuando busca una mejora para la mayoría, con una
justificación válida y civilizada. Una queja surge con la esperanza
de que el alcalde actúe, buscando el bien común con una
justificación válida.
Liderazgo
genuino: La voluntad política como solución
Un
ejemplo de liderazgo ocurrió en Tomé, en enero de 2025. Los
residentes del sector rural costero de Dichato se manifestaron
exigiendo la mejora de un camino ripiado en mal estado. El alcalde
Ítalo Cáceres (a solo un mes de asumir): escuchó y respondió con
un comunicado público a pocas horas de las movilizaciones. Acogió
la inquietud de los vecinos y mostró voluntad política.
Aunque
la solución dependía de la Dirección provincial de Vialidad (otra
institución), Cáceres demostró interés y gestionó una reunión
con dicho organismo. La acción del alcalde de Tomé es ejemplar
porque comprueba que la Voluntad Política es la clave. La frase lo
resume perfectamente: "Cuando HAY INTERÉS POR PARTE
DE LA AUTORIDAD, la obra (o la intención) se ve más bonita".
Este hecho demuestra liderazgo y capacidad de negociación. Aunque
el alcalde carecía de la facultad directa para pavimentar, sí pudo
negociar con la entidad responsable (Vialidad), asumiendo su rol de
líder y representante comunal.
Además,
priorizó la demanda ciudadana, validando esta acción como sensata
en democracia. Cumplir con la acogida de la solicitud ya representa
una parte importante del objetivo, pues es la entidad estatal más
próxima a la gente.
Crítica
ante el abuso crónico del transporte (Un ejemplo de la vida real)
La
búsqueda de tranquilidad en la esfera personal, como la de un
ciudadano afectado por la negligencia o por ruidos molestos de buses
afuera de su casa (bocinazos, frenos de aire, etc.), evidencia la
resistencia arraigada del sistema. ¿Porqué razón? Cuando la
persona propone soluciones razonables (Como desviar rutas después de
cierta hora, o reducir velocidad de las máquinas) la Municipalidad
lo deriva a otro lado, mientras que el terminal de buses derechamente
lo ignora. Se demuestra entonces que el problema no radica en la
crítica, sino en la falta de voluntad del poder para ejecutarla.
A
pesar de esta inercia, la difusión digital de la crítica
(incluyendo evidencias en redes sociales, como videos subidos a
YouTube) logra un avance fundamental: despierta la conciencia
colectiva y permite que la "bola de nieve" de la
denuncia crezca. La problemática constante con los conductores de
taxibuses es su prepotencia e irresponsabilidad. En lugar de
ser servidores, se han transformado en un riesgo y un agravio
continuo.
Es
te
abuso lamentablemente se ha normalizado para incomodar a los
pasajeros, especialmente a quienes pagan tarifa rebajada (estudiantes
y adultos mayores). Los choferes incurren en negligencias y prácticas
peligrosas: manejo a alta velocidad (como el bus que cayó
en Chiguayante en mayo de 2025, con el conductor positivo a cocaína;
o el cuasidelito de homicidio en San Pedro de la Paz en septiembre de
2023 por chocar con un Biotrén), abrir puertas en movimiento,
y detenerse lejos del paradero (un "juego de poder").
El
maltrato histórico y humillante a estudiantes que pagan con su pase
es el abuso más vergonzoso. El conductor los usa como "punto
de descarga" de sus frustraciones laborales, a pesar de que
los estudiantes suelen tener un buen comportamiento, lo que subraya
la injusticia (Y eso que los jóvenes son tildados a veces como los
rebeldes, mientras que el chofer tendría la misma edad de su papá.
Curioso ¿no?). Casos como la denuncia en Concepción (noviembre
de 2025) contra un chofer de Flota Centauro por maltratar a una niña
con TEA y a su padre (Caso 1),
o el desquite de otro conductor penquista de Flota Vía Futuro
contra un estudiante por exigir su vuelto (Caso
2), demuestran este abuso de poder.

Aunque
el problema de fondo persiste, se ha logrado un avance significativo
en comparación con décadas pasadas: la crítica y los hechos
reiterados permiten que esta "bola de nieve" crezca
progresivamente. Cuando la situación alcanza un estado de
ebullición, los cambios se vuelven verdaderamente inaplazables,
vitales y esenciales. La crítica es el mecanismo fundamental que
fuerza la corrección de estos vicios para alcanzar el derecho básico
a la plenitud (y al equilibrio).
Cuando
los electores depositan su confianza en un candidato que
pretenda ser la máxima
autoridad comunal, le están encomendando un mandato. Le
están otorgando deberes. Este
alcalde
ejercerá su gestión en un periodo determinado, es su deber trabajar
y gestionar para responder a las demandas y necesidades de los
verdaderos soberanos: sus vecinos. ¿Y si no cumple? Ya vendría un
eventual “Voto de castigo” en
las elecciones políticas siguientes,
¡tiempo al tiempo!