El camino hacia ese quiebre institucional sostiene dos relatos que hasta hoy dividen a la sociedad. Quienes justifican la intervención militar se aferran a la resolución del Congreso de agosto de 1973, impulsada por la mayoría opositora, que declaró inconstitucional a la administración de la Unidad Popular argumentando un clima de guerra civil, desabastecimiento, violencia de grupos paramilitares y el fantasma de un régimen totalitario acentuado por la larga visita de Fidel Castro a Chile. En la otra vereda, la izquierda denuncia un boicot económico y político financiado por la CIA estadounidense y el empresariado para asfixiar a los pequeños negocios y financiar paros de camioneros, una realidad documentada en la célebre serie audiovisual La Batalla de Chile, emitida en televisión abierta por La Red en 2020. Para los socialistas, la prueba más evidente fue cómo las mercaderías reaparecieron en los almacenes casi de la noche a la mañana tras el Golpe, mientras se iniciaba una cruenta represión con ejecuciones como la de Víctor Jara, en un Chile reducido a tablero secundario de la Guerra Fría donde desde Moscú enviaron palabras pero ningún apoyo real cuando la situación quemaba.
Alrededor del fallecimiento de Allende también chocan dos miradas implacables. Si el mandatario dejaba La Moneda, la oposición lo habría tildado de sensato y la izquierda radicalizada de cobarde; al quedarse y quitarse la vida —como ratifica la verdad histórica oficial—, los sectores pinochetistas lo acusaron de cobardía por no dar la cara en un juicio, mientras sus seguidores lo convirtieron en un mártir internacional de la consecuencia. Sin embargo, dado que la Junta Militar gobernó y manejó los estamentos del Estado a su pinta durante 17 años, siempre han quedado dudas en sectores minoritarios sobre si Allende murió combatiendo o por una bala loca de los militares. Esa constante pugna entre la versión oficial y la sospecha política quedó expuesta en 2017 durante el programa Estado Nacional de TVN, cuando el candidato José Antonio Kast encaró a la exfuncionaria Clarisa Hardy corrigiéndola al recordarle que la verdad judicial e histórica confirma el suicidio. Esta dinámica de mitos e incertidumbres guarda mucha semejanza con lo ocurrido en Concepción el 22 de septiembre de 1973 con el siniestro del Teatro Concepción en la esquina de Barros Arana con Orompello, un hecho rodeado de sospechas sobre intervención de terceros que hasta el día de hoy sobrevive como leyenda urbana en las páginas digitales de fotos antiguas de la ciudad penquista.
Años después, en el programa Grandes Chilenos emitido por TVN en 2008 de cara al Bicentenario, el voto de la ciudadanía coronó a Salvador Allende como la figura más relevante de nuestra historia nacional. Para su militancia, ese triunfo televisivo no hizo más que confirmar su lugar de prócer leal al "pueblo". No obstante, la palabra "pueblo" cambia drásticamente según la vereda política. En la doctrina socialista cubana, el "pueblo" es una categoría ideológica donde solo entran los adherentes a la Revolución, dejando marginados a los disidentes. En la tradición republicana y constitucional chilena, en cambio, el "pueblo" es el conjunto total de los ciudadanos, desde el empresario hasta el obrero de población, abarcando todas las tendencias. Por eso, cuando en redes sociales como X se califica a figuras como Daniel Jadue o Gabriel Boric como políticos del "pueblo", la frase oscila entre el cariño de la militancia y el sentido amplio de la masa electoral.
A decir verdad, la tensión vivida entre 1970 y 1973 agotó psicológicamente a la gente común. Cuando la derecha sostiene que la ciudadanía pedía la intervención de los uniformados, en el fondo muchos vecinos no actuaban por ideología radical, sino por un cansancio acumulado frente al desorden y la incertidumbre. Pedían un respiro para volver a la tranquilidad cotidiana. Algo similar a lo que ocurre en los ciclos políticos recientes, donde sectores de la población terminan apoyando discursos de mano dura con la esperanza de ver a Carabineros controlando el espacio público y frenando las carreras clandestinas o el crimen organizado, desilusionados cuando los gobiernos de turno no imponen las medidas de control estricto que la calle reclama para andar segura.
Durante la dictadura, con las decisiones concentradas en el Edificio Diego Portales —hoy GAM—, los chilenos sufrieron la pérdida directa de sus libertades cívicas más básicas a través del toque de queda, la censura, el cierre del Congreso, la persecución ideológica y el soplido o "sapeo" entre vecinos. Se persiguió la diversidad de pensamiento y se intentó satanizar a colectividades como el Partido Comunista, una fuerza arraigada en el mundo del trabajo que históricamente promovió derechos sociales de uso cotidiano, partiendo por la centenaria Ley de la Silla. Si bien el retorno a la democracia con Patricio Aylwin en 1990 devolvió los derechos institucionales, la libertad diaria del ciudadano sigue amenazada por nuevos factores, como las bandas de crimen organizado o las autoridades locales que abusan de su poder. Tal como expuso la periodista Natasha Kennard en el espacio periodístico ¿Hasta cuándo? de Mega, aún existen alcaldes que tratan a los vecinos como peones de fundo, utilizando la amenaza y rodeándose de chupamedias para perpetuar malas prácticas en los municipios.
En este 2026, tras casi cuatro décadas de democracia, el chileno de a pie, el compadre que se levanta de madrugada para agarrar la micro y salir a trabajar, siente un desgaste natural frente al disco rayado de las elites y el cine repetitivo. Reconocer ese cansancio no significa ignorar la crueldad ni el dolor incalculable de las violaciones a los derechos humanos, sino comprender la necesidad de transformar el 11 de Septiembre en un simbólico "Día de la Democracia y de las Libertades". Un momento de reflexión familiar transversal alrededor de la mesa del almuerzo, sin imposiciones ni duelos obligatorios, que nos recuerde el valor de vivir en un país libre donde podemos votar, opinar y criticar al político de turno sin miedo, asegurando que nunca más una brigada de la CNI ni una banda de matones entre a nuestras casas a pasar por encima de nuestra dignidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario