Red Construyamos, ante la detención, el grave maltrato físico y el procesamiento por “intento de homicidio” y “porte ilegal de armas” del estudiante y Secretario General de la FEC, Recaredo Gálvez, declara que:
Consideramos ilegítima la detención y falsa la acusación levantada por Carabineros de Chile contra el dirigente estudiantil Recaredo Gálvez. Los hechos indican que Gálvez fue detenido por Fuerzas Especiales con faltas al procedimiento exigido y que en él se efectuó un uso extremo de violencia, sometiendo al joven estudiante de la Universidad de Concepción a una alevosa golpiza, aplicada por un grupo de funcionarios al interior de un vehículo fiscal, al punto de ser llevado al hospital “Guillermo Grant Benavente” en estado inconsciente. Esto lo demuestra no solamente la declaración de Gálvez y de testigos presenciales, sino también la de funcionarios de esta repartición hospitalaria agrupados en FENATS, que señalan que por voluntad de funcionarios policiales se alteró el procedimiento correspondiente llevado por la institución sanitaria. Esto a la vez configura otra falta de gravedad, esta vez por parte del Servicio de Salud que, de esta forma e influenciada por funcionarios policiales, ha negado la atención médica de rigor a un ciudadano y ha emanado un informe diagnóstico sospechoso.
Recaredo Gálvez es un dirigente conocido por la comunidad y por nuestra organización, y de él hay suficientes testimonios en cuanto a su calidad humana, académica y dirigente. Solamente una burda acusación puede pretender manchar esta honra de la que damos plena fe. Por consiguiente, esta nueva acción brutal por parte de funcionarios del Estado, amparados en un poder excesivo y arbitrario, indica que nos hallamos ante un inescrupuloso y desvergonzado montaje urdido para ocultar la violencia irracional que se aplicó sobre un dirigente universitario.
Tememos que esta criminalización contra Gálvez es parte de un proceder sistemático, por cuanto existen abundantes antecedentes en casos anteriores y en denuncias que han realizado no sólo los estudiantes que se movilizan por la Educación, sino también por diversos movimientos sociales y ciudadanos, como también por Red Construyamos. Todo ello nos hace concluir que este hecho es parte de una persecución y amedrentamiento contra los dirigentes del movimiento social.
Exigimos del Ministerio Público y del Gobierno las investigaciones correspondientes y, a partir de sus resultados, apartar del servicio público a todos aquellos funcionarios y los jefes que ejecutan acciones que calificamos de criminales. De la misma manera, demandamos que el Ministerio del Interior, responsable del accionar de Carabineros, sea investigado para determinar la participación que pudiese existir en complicidad o autoría con estas acciones.
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