Columna de opinión: La Promesa de Seguridad de José Antonio Kast, ¿Lucha contra la Delincuencia o Persecución Política?

 

 A medida que el segundo semestre de 2025 avanza, el ambiente político en Chile se caldea de cara a las próximas elecciones presidenciales. Con un país polarizado y una creciente angustia por la inseguridad, la figura de José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, emerge con un discurso que resuena con fuerza: la promesa de acabar con la delincuencia. Esta narrativa, que se alinea con la frustración ciudadana ante el aumento de la criminalidad, toma un protagonismo especial, eclipsando incluso las medidas ya adoptadas por el actual gobierno, como la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, a pesar de la popularidad de su propuesta, es fundamental analizar si la mano dura prometida es una solución realista o si esconde una agenda más compleja. 

La promesa de un combate frontal contra la delincuencia es un arma política poderosa, pero la historia nos muestra que las promesas no siempre se traducen en resultados. El eslogan de Sebastián Piñera en 2009, “Delincuentes, se les acabó la fiesta”, es un recordatorio de que un discurso firme no garantiza una reducción efectiva de la criminalidad. De hecho, las cifras posteriores a su primer gobierno sugieren que la inseguridad, lejos de disminuir, continuó en aumento. Esto plantea una pregunta crucial: ¿es la "nueva derecha", liderada por figuras como Kast, más populista que efectiva? El discurso de mano dura, aunque atractivo para una población desesperada, puede ser una estrategia para capitalizar el miedo y ganar votos, sin ofrecer soluciones de fondo.                  

  La delincuencia, ¿un problema o una herramienta política?

Una de las principales dudas que rodean el discurso de Kast es si la persecución a los delincuentes se enfocaría en todos por igual o si tendría una "letra chica" que priorizaría a los opositores políticos. Las sospechas de algunos sectores, especialmente de la izquierda, se basan en una serie de antecedentes y declaraciones. 

Las palabras de la exconstituyente Teresa Marinovic, quien afirmó que Kast podría usar los aparatos del Estado para perseguir a sus detractores políticos, evocan el temor de que la lucha contra la delincuencia pueda convertirse en una herramienta de control político, tal como ha sucedido en otros gobiernos afines como los de Donald Trump, Nayib Bukele o Javier Milei.                                                                               

Este temor no es infundado. La historia de Chile, con la oscura experiencia de la dictadura militar, donde a los detenidos se les despojó de su calidad de "personas" para justificar la violencia, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. A esto se suman las recurrentes consignas de la ultraderecha, como la "proscripción del Partido Comunista", que sugieren que el problema real no es la delincuencia en sí misma, sino la existencia de una oposición política. El uso de la mano dura como un medio para silenciar a los opositores es una estrategia que ha sido históricamente cuestionada y que levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de la promesa de seguridad.                                             

 Además, la lucha contra la delincuencia no ha sido siempre un campo de batalla imparcial. Existen sospechas de que en la práctica podría haber "delincuentes protegidos" que, a pesar de estar vinculados a crímenes como el narcotráfico, escapan a la justicia debido a sus conexiones políticas. Los indultos otorgados en el pasado y los rumores sobre vínculos de figuras políticas con el crimen organizado alimentan la idea de que la lucha contra la delincuencia podría no ser equitativa, sino selectiva. En un escenario así, el discurso de mano dura no solo sería inefectivo, sino que podría reforzar una justicia sesgada.

Finalmente, la experiencia del toque de queda durante la pandemia de COVID-19, donde los delincuentes continuaron operando a pesar de la presencia militar, demuestra que las medidas extremas no son una solución mágica. La ineficacia de los controles y la falta de recursos para resguardar vastos territorios dejaron en claro que el simple despliegue de las fuerzas armadas no basta para combatir la delincuencia. Ante esto, la promesa de un toque de queda prolongado como solución a la inseguridad se vuelve aún más cuestionable. ¿Es realmente una estrategia para combatir la delincuencia, o hay otros intereses en juego, como la posibilidad de un control más estricto sobre la población? La desconfianza de la población, ya sea hacia la efectividad del toque de queda o hacia la agenda oculta detrás de él, es un factor que no se puede ignorar. En un país donde la memoria histórica sigue presente, la promesa de una mano dura debe ser analizada con cautela, para no caer en el populismo y terminar repitiendo errores del pasado.     

 

Promoción de contenidos

Joseph Goebbels: "Una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad" (Aunque este texto no se trata precisamente de quien fuera el ministro de propaganda del régimen nazi de Adolfo Hitler. En realidad, hace mención que José Antonio Kast es hijo biológico de Michael Kast Schindele, un ex oficial militar nazi perteneciente a la Wehrmacht, quien apenas terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945 arrancó de Europa, esto dado que la captura de los ya derrotados nazis era inminente. Dicho padre del hoy candidato republicano llegó a Chile en 1950 instalando tiempo después un negocio familiar en la localidad de Paine.  Y tras el golpe militar del 11 de Septiembre de 1973 Michael estuvo involucrado en la denominada Matanza o Masacre de Paine, siendo cómplice de los militares quienes torturaron allí a varios campesinos. Razón para que hoy 2025 los detractores a Kast lo bauticen despectivamente como "El nazi de Paine")