POLÍTICA: El marco institucional chileno impide que José Antonio Kast ignore el Congreso o las garantías democráticas.

Congreso Nacional (Valparaíso, Chile)

Ganar la presidencia no otorga un poder ilimitado en Chile, ya que el sistema político está diseñado para que ninguna autoridad actúe sin contrapesos. A partir de marzo de 2026, José Antonio Kast deberá enfrentar un Congreso donde no posee mayorías absolutas, lo que lo obliga a negociar cada proyecto de ley bajo las atribuciones del Poder Legislativo (Artículos 46 al 67 de la Constitución). Parlamentarios con experiencia y visibilidad, como Ricardo Lagos Weber en el Senado o Gaspar Rivas en la Cámara, cuentan con las atribuciones necesarias para vigilar que el nuevo gobierno no pase por encima de los protocolos de seguridad o los derechos ciudadanos.

Ejemplo hipotético: Si el futuro gobierno intentara aprobar una ley que permita detener personas sin orden judicial por "sospecha política", los parlamentarios de oposición pueden bloquearla en las comisiones de Constitución apelando a que el Artículo 19 N° 7 de la carta fundamental garantiza la libertad personal.         

La Contraloría General de la República funciona como un filtro legal ineludible para cualquier decreto que el presidente pretenda implementar, basándose en el Artículo 99 de la Constitución. Si el mandatario intenta imponer una norma que contradiga las leyes vigentes o la Constitución, este organismo tiene la facultad de rechazarla mediante el proceso de "toma de razón". Esto significa que un presidente no puede simplemente borrar derechos adquiridos, como los de las mujeres o minorías, con una sola firma, pues existen instituciones técnicas que invalidan actos administrativos ilegales.

Ejemplo hipotético: Supongamos que se firma un decreto para cerrar una institución pública de apoyo a la mujer de forma arbitraria. La Contraloría, al revisar el documento, podría determinar que el decreto excede las facultades del presidente y declararlo "representado", lo que impide que la medida entre en vigencia.  

En el caso de que se produzca una infracción grave a la ley, el Congreso tiene la herramienta de la acusación constitucional, establecida en el Artículo 52 N° 2. Este mecanismo permite que incluso un presidente recién asumido sea juzgado políticamente por actos de su administración que hayan infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta posibilidad real de sanción, que puede terminar en la destitución del cargo, sirve como un freno preventivo ante cualquier intento de ejercer el poder de manera caprichosa o autoritaria desde el Palacio de La Moneda.

Ejemplo hipotético: Si un presidente recién asumido dictara un decreto que ordene a las fuerzas armadas disolver cualquier reunión política pacífica, los diputados podrían acusarlo constitucionalmente por vulnerar el Artículo 19 N° 13, que asegura el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo. 

 

Finalmente, la estructura de la democracia chilena separa claramente la persecución de delitos comunes de la persecución por razones políticas, amparada en la libertad de conciencia y de pensamiento (Artículo 19 N° 6). Mientras el Poder Judicial mantenga su independencia, el gobierno puede enfocarse en combatir la delincuencia sin que esto signifique castigar la disidencia o el pensamiento distinto. Así, el diseño del Estado asegura que, a pesar de cualquier tendencia ideológica, los parámetros democráticos se mantengan vigentes y protegidos frente a decisiones individuales.

Ejemplo hipotético: Un gobierno podría perseguir con rigor a un grupo vandálico que destruye propiedad pública (persecución penal), pero no podría encarcelar a ciudadanos que critican las políticas económicas del presidente en redes sociales o prensa, ya que la libertad de pensamiento es un derecho protegido.